Entre algunas de sus propuestas estrella nos encontramos con dos propuestas que de verdad podrían ilusionar a los ciudadanos progresistas, como son el cambio de la ley electoral, y la recuperación del impuesto de patrimonio. No obstante, si tiramos de hemeroteca, recordaremos que en cuanto a la reforma de la ley electoral, en enero de este mismo año, Rubalcaba votó en contra de esta misma propuesta llevada al congreso por IU y UPyD. Lo mismo pasó con el impuesto de patrimonio, que el 14 de junio Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya pidieron su recuperación, y el propio Rubalcaba votó en su contra, argumentando que “En este momento será imposible aplicarlas debido a la crisis”, una medida, por cierto, la de eliminar el impuesto de patrimonio que fue aplicada por el PSOE sin mayor problema, en el mayor gesto de bofetada y traición al pensamiento socialista.
Y es que nadie con un mínimo de inteligencia puede pensar, a estas alturas, que Rubalcaba es distinto de Zapatero. Una muestra de continuismo es que en las listas del PSOE ya han buscado hueco para 10 ministros del gobierno ZP, a falta de confirmarse todavía la concurrencia de algunas "estrellas" de la legislatura como Ángeles González Sinde, Chavez y Garmendia. Una muestra del continuidad Zapatero - Rubalcaba es como ante la inminente reforma de la Constitución el candidato declaró: "Me convenció anoche, cuando me dijo que tenía un acuerdo con Rajoy. Entonces pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos".
Como ejemplo de democracia, reformar la Constitución (por cierto que siempre la habíamos visto intocable y sagrada) en el último mes de gobierno es otra muestra mas de lo dañino que es el bipartidismo para la democracia, mas aún cuando la reforma es pactada por PP y PSOE que en un intento de mermar la participación ciudadana la quieren hacer tramitar por la vía rápida y sin convocar un referéndum.
La Constitución exige para una reforma de este tipo una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras, ya que no afecta a los asuntos para los que se requiere una mayoría aún mayor, de dos tercios, y que son la sección primera del capítulo segundo del Título Primero (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas), y el Título II (De la Corona).
La previsión del Gobierno es que sean los grupos parlamentarios los que promuevan una proposición de ley de reforma, que cuente ya de partida con el consenso necesario e incluso mayor, y que se pueda tramitar gracias a ello con urgencia y en lectura única. Eso implica eliminar los trámites de ponencia y comisión en las dos cámaras, con votaciones únicamente en el pleno y aglutinando además en una única sesión la toma en consideración y la aprobación inicial en el Congreso.
En consecuencia, el trámite se puede acortar a apenas dos semanas desde la calificación de la proposición de ley por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados. Algunos parlamentarios barajan la posibilidad de que el texto pueda estar calificado la próxima semana y estar incluso aprobado por el Congreso y por el Senado para la aprobación definitiva en la semana siguiente, la del 8 de septiembre.
La Constitución sólo prevé la celebración de referéndum en este tipo de reforma en el caso de que lo soliciten, en los quince días posteriores a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, lo que no parece probable a juicio del Gobierno.
En caso de que se solicitara la consulta popular, sería imposible que la reforma estuviera concluida antes de finalizar la legislatura, ya que el Parlamento debe estar disuelto el día 26 de septiembre para poder celebrar las elecciones generales el 20 de noviembre.