Los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 7.200 euros más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios.
El estudio –que evidencia claras diferencias entre las rentas netas declaradas por trabajadores y empresarios- muestra que los asalariados y pensionistas declararon el pasado año 19.288 euros de media, lo que supone un 59,5% más que los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales que tributan en estimación directa. De hecho, estos últimos se reconocieron, curiosamente, como “mileuristas” al declarar unos rendimientos medios de 12.089 euros.
Asimismo, los ingresos declarados por los microempresarios en módulos –es decir, aquéllos que facturan menos de 450.000 euros anuales- se movieron también en el umbral del “mileurismo”, situándose en una media anual de 11.567 euros, es decir, un 66% menos que los trabajadores y jubilados que “paradójicamente” parecen obtener más rendimiento de su actividad laboral que los propios empresarios.
Según Gestha, el sentido común “hace saltar las alarmas” a la hora de analizar estas cifras ya que, comparando los ingresos declarados por empresarios y trabajadores, resultaría a primera vista “mucho más rentable” ser trabajador o pensionista antes que notario, arquitecto, abogado o médico, por citar algunos ejemplos ilustrativos.
Si se comparan los ingresos netos declarados por trabajadores y microempresarios, el mayor diferencial se aprecia también en la Comunidad de Madrid (14.128 euros), seguida de Cataluña (9.838 euros), Asturias (7.904 euros), Aragón (7.362 euros), Cantabria (7.050 euros) y Baleares (6.033 euros). En el extremo contrario, se sitúan Extremadura (3.295), Murcia (4.450) y La Rioja (5.000), Comunidad Valenciana (5.005 euros) Galicia (5.090 euros), Castilla-La Mancha (5.390 euros) y Andalucía (5.381 euros), Canarias (5.526 euros) y Castilla y León (5.598 euros), con las menores diferencias.
Una “brecha” sustentada en el fraude
En opinión de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, la explicación a este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios (bien sea por estimación directa o por módulos) reside en los altos niveles de fraude fiscal que viene arrastrando España en estos últimos años, donde la bolsa de dinero negro crece ininterrumpidamente. La economía sumergida en nuestro país aumentó en 25.000 millones entre 2000 y 2009, alcanzando actualmente los 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13%.
Según este colectivo, estas cifras evidencian, una vez más, que la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en el control de las rentas del trabajo y las microempresas en lugar de inspeccionar algunas de las principales bolsas de fraude como las que representan los profesionales liberales y las grandes empresas, que frecuentemente hacen ventas sin IVA, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, o en demasiadas ocasiones “manejan” facturas falsas para contabilizarlas como gasto y poder deducirse un IVA no generado por el desarrollo de su actividad.
Analizados los datos anteriores, y como alternativa al endurecimiento de las pensiones o a los recortes sociales, laborales y a las subidas aprobadas de impuestos a mileuristas y a las clases medias, Gestha propone que el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria dirijan sus investigaciones de lo más fácil –los declarantes, pymes y autónomos- hacia las grandes fortunas y el control de las subvenciones y del gasto público.
En este sentido, aboga por la elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente. Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anunalmente los resultados de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado.
Finalmente, aboga por aumentar la responsabilidad de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude. Con esta habilitación y un plan eficaz de prevención del fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea. Esto supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte social o laboral como las aprobadas recientemente o a los anuncios de endurecer las condiciones de jubilación.
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