Olvide despues de leer

Ley electoral y corrupción de la democracia

Desde Cuaderno Rojo

Aunque no con la constancia y profundidad que desearíamos muchos se está produciendo en España un cierto debate sobre la necesidad de reformar la ley electoral vigente. Los argumentos fundamentales creo que ya empiezan a ser conocidos por nuestros conciudadanos. La enorme desproporción del peso del voto entre provincias logra que por ej. IU, o el PCE anteriormente, no logre nunca los diputados que le corresponderían proporcionalmente. Así, en las primeras elecciones de este ciclo moderadamente democrático hubiera debido tener entre 36 y 40 diputados, en el momento de sus mejores resultados 42-44, y actualmente 14-15 frente a los dos representantes que tiene la coalición. Es importante resaltar que el devenir de la propia formación va muy ligado a sus resultados electorales prácticos (número de diputados electos) que son una de las fuentes de su presencia e influencia política y mediática, de tal forma que difícilmente se podría llamar marginal o agónico como algunos hacen a una coalición con 40 diputados o con 14 como deberíamos tener en la actualidad. Además, el elector va realizando la experiencia de la inutilidad de su voto para IU en muchas circunscripciones, determinando que finalmente sucumba a los cantos de sirena del “voto útil”, contribuyendo al desencanto de los propios afiliados. Para IU es muy importante conseguir cambiar la actual ley electoral.

Pero la crítica a esa ley va más allá de lo que pueda suceder con IU -y que se desanimen quienes pretenden su desaparición, IU, o formación de iguales características, representa objetivamente los intereses de amplias capas de trabajadores y clases populares, por lo que tiende a la persistencia-, se trata de la calidad de la democracia. Efectivamente, la primera ley electoral, promulgada antes de la aprobación de la Constitución, persiste como matriz de cambios posteriores y está hecha expresamente para impedir una presencia notable del partido más numeroso, organizado y combativo contra la dictadura, el PCE. Ese efecto se logra primando electoralmente a las zonas de menor combate antifranquista sobre las más avanzadas en esa lucha por la presencia de mayores concentraciones obreras y populares, caso de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, etc. favoreciendo la subrepresentación de estas últimas en favor de las primeras. Veamos el caso de Madrid (4.490.040 electores y 35 diputados) en las últimas elecciones generales con respecto a zonas más despobladas como Soria (77.370 electores y 2 diputados), el resultado es que el valor ponderado del voto de un madrileño vale 0,30 con respecto al voto de un ciudadano de Soria. Dicho de otra forma: se necesitan algo más de tres votantes de Madrid para conseguir el mismo efecto que un voto de un soriano, y así sistemáticamente, se precisan más de dos votos madrileños para igualar un voto de Guadalajara, Huesca o Lugo. Lo mismo que con Madrid ocurre con Barcelona, Valencia, etc. Añadamos el efecto, escaso pero real, de la Ley D'hont y tendremos un parlamento con sobrerrepresentación de las extensas zonas rurales despobladas del estado español en detrimento de las zonas más pobladas e industriales y sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios en detrimento de los medianos y pequeños. De modo que:

1-. La actual ley electoral propicia (independientemente del partido que se vote) la presencia mayoritaria de una mentalidad rural y conservadora en detrimento de la urbana y progresista.

2-. Propicia el bipartidismo en detrimento de los partidos medianos y pequeños actuales o futuros.

Tras treinta años de democracia controlada, podemos constatar sus efecto perversos: Ausencia o escasa representación de sectores progresistas de la sociedad, separación cada vez mayor entre representantes y representados, desconfianza hacia la política, tendencia creciente a la abstención, escasa participación política ciudadana y, fundamentalmente, de jóvenes, y un largo etcétera; pero a mí entender, el mayor daño democrático al que contribuye es a:

1-. Impedir el recambio democrático. Me explico. Resulta sumamente difícil o imposible la aparición de nuevos protagonismos partidarios, mermando enormemente la democracia y su desarrollo. Solo con ocasión del intento de golpe de estado de 1983 se produce una crisis que posibilita la desaparición del CDS y su sustitución por el PP. ¿Estamos condenados a tener sólo de referentes principales a PP y PSOE para los próximos siglos?. Me recuerda lo que se dice en Sudamérica con respecto a la constitución de Honduras (única en el mundo que no contempla mecanismos para su reforma), ¡es la constitución eterna!. Si lo único que se persigue es que haya elecciones para que nada cambie el deterioro democrático se presenta creciente.

2-. El enorme poder acumulado por los dos grandes partidos. Entiéndase bien: solo el poder que les cede el sistema. Pero dentro del mismo es muy considerable. A su enorme representación sobredimensionada en el Parlamento añaden el control o mayorías en Fiscalía General del Estado, CGPJ, Tribunal Constitucional, Supremo, Consejo de Administración de RTVE, Consejo de Estado, y aquí sí que un larguísimo etcétera, de tal forma que no es extraño que muchos miembros de esos partidos se sientan blindados para cometer cualquier tropelía. Quién ha podido constatar directamente lo que sucede en nuestras instituciones (desde los ayuntamientos al Parlamento) habrá podido comprobar los atropellos frecuentes que se cometen contra los intereses ciudadanos o las minorías presentes. Si a esta situación añadimos las alianzas de cada uno de ellos con medios de información y persuasión, no resulta extraño que algunos militantes crean hasta en su impunidad frente al delito. No es la causa de la corrupción -recordemos que se precisa un corrupto y un corruptor-, pero la sensación de impunidad contribuye. Al final, en muchas comunidades o municipios se configura una relación de poder invertida, o sea, en vez de la sociedad controlar a sus gobernantes, estos controlan a la sociedad.

3-. El bipartidismo. Es cierto que facilita la gobernabilidad -aunque, puestos a ello, más la facilita un partido único- a corto plazo, pero a costa de reemplazar la realidad social por una realidad virtual. Los dos únicos partidos que pueden gobernar lo hacen cuando consiguen el voto de lo que ellos llaman el centro. Ese centro inexistente está compuesto mayoritariamente por gentes desideologizadas, con escaso interés por la política y proclives a utilizar el “sentido común” como guía. Subrayemos que en esta sociedad el sentido común es el sentido común de la fase del capitalismo en la que nos encontramos. Para ganar las elecciones se ven precisados a desplazar sus propuestas a ese centro, de ahí que en lo fundamental se parezcan cada vez más PP y PSOE, y en cambio, tengan que recurrir a la descalificación, real o no, del adversario político, (son ineptos, no saben gobernar, no se enteran, han robado) o al insulto como arma electoral. Lo del programa no les va. Pero esta dependencia de los grandes imposibilita la resolución de cualquier problema de estado que rebase el marco del “sentido común”. De esta forma resulta imposible resolver el problema de la inserción definitiva de Euzkadi en el estado español, al no atreverse a afrontarlo como un problema político o, también, la relación con Cataluña, o la apuesta por un estado federal, o la cuestión de la monarquía. Queda siempre pendiente la suspensión del concordato con el Vaticano y la definitiva laicidad del estado o la desmilitarización total de la guardia civil. En definitiva, se obstruye el normal desenvolvimiento de una sociedad democrática.

Así que si es cierto que IU necesita una ley electoral más proporcional y equitativa, no lo es menos que la democracia, para su regeneración, precisa con urgencia esa reforma de la ley electoral vigente.

Pedro Bolívar Reverte